España sigue incansable su lucha contra la pena de muerte

  • Sociedad

España sigue incansable su lucha contra la pena de muerte

Pablo Ibar, durante su comparecencia el pasado 5 de abril de 2017 ante el juez Raaj Singhal, en el Tribunal del Condado de Broward, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Giorgio Viera (EFE)
Pablo Ibar, durante su comparecencia el pasado 5 de abril de 2017 ante el juez Raaj Singhal, en el Tribunal del Condado de Broward, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Giorgio Viera (EFE)

La lucha contra la pena de muerte constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos. La abolición universal, la moratoria como fase intermedia en el camino hacia la abolición y el respeto de los estándares internacionales mínimos en materia de pena de muerte componen los vértices de la política de España y de la Unión Europea en este ámbito.

Precisamente, el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros con motivo del XV Día Mundial y del Día Europeo contra la pena de muerte una declaración en la que se reitera la oposición de España a la pena de muerte “en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido, por considerar que constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial”.  

Asimismo, insiste que mantendrá sus esfuerzos e intensificará sus acciones en los distintos foros internacionales para conseguir la aplicación de una moratoria efectiva y universal de la pena de muerte, como paso previo a su total abolición.

España se ha distinguido en la lucha internacional en favor de la abolición, a través de la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en 2010, a la que sigue apoyando, y que desde junio de 2016 tiene su sede en Madrid. También a través del apoyo a los Congresos Mundiales contra la Pena de Muerte, como el de la VI edición, que tuvo lugar en junio de 2016 en Oslo. Además, la capital de España acogió la celebración de su V edición en junio de 2013.

Nuestro país participa también en la amplia coalición de estados que cada dos años promueven en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución sobre la moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte. Así, en noviembre de 2016, se adoptó la sexta resolución sobre esta cuestión – la última hasta el momento-  durante la celebración de la 71ª Asamblea.

Este año, además, se cumplen 40 años desde que Amnistía Internacional (AI) promovió la Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte. En la Declaración, hecha en 1977, se pidió a todos los gobiernos que abolieran totalmente esta pena. Por aquel entonces, recuerda AI, sólo 16 países -8 de América y 8 de Europa- habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad son 105 países y otros 36 la han abolido para los delitos comunes, como el asesinato, o han dejado de utilizarla en la práctica, aunque continúe en su legislación.

Entre los países abolicionistas está España, un Estado en el que la posición respecto a este tipo de condena no podría ser más clara: Gobierno, oposición y sociedad civil muestran su rechazo absoluto a la pena de muerte, lo que se traduce en decenas de organizaciones no gubernamentales que luchan día a día en nuestro país para que la pena capital sea abolida en el resto del mundo.

Españoles en el corredor de la muerte

Una de las batallas más duras de los españoles contra este abuso de los Derechos Humanos se vivió a finales de los 90. Joaquín José Martínez fue sentenciado en 1997 a la pena de muerte por el asesinato de una pareja en Tampa, Florida.

Desde el mismo instante en que la noticia llegó a España, instituciones y organizaciones de todo tipo se movilizaron para solicitar la revisión del caso. Él mismo recuerda haber recibido hasta 400 cartas de apoyo a la semana.

La familia Martínez comenzó entonces un duro proceso en el que jamás estuvo sola. Ayuntamientos, instituciones y ciudadanos anónimos lograron conseguir el dinero necesario para contratar al abogado Peter Raben, quien finalmente consiguió sacar a Joaquín José del corredor de la muerte.

Además, el Senado español creó una comisión que se ocupaba de los presos españoles en el extranjero, y que se volcó en el ‘caso Martínez’ hasta el punto de que cinco senadores viajaron a Florida para arroparle en persona.

El 6 de junio de 2001, Joaquín José Martínez se convirtió en el primer español y europeo en salir de un corredor de la muerte de Estados Unidos. Atrás quedaban cinco años de una de las peores agonías para un ser humano: esperar a ser ejecutado. Su caso sirvió para demostrar, una vez más, el absoluto rechazo de la sociedad española a la pena de muerte.

Actualmente Joaquín José reside en España y está totalmente involucrado en la concienciación contra la pena de muerte. Parte de su labor consiste en apoyar a Pablo Ibar, el único español condenado a muerte en el mundo.

Ibar fue sentenciado en el año 2000 por un triple asesinato y en 2009 volvió al tribunal para defender su inocencia. Sus abogados argumentaban, entre otras cosas, que la principal prueba en su contra –una foto borrosa sacada de una cinta de videovigilancia–, no era suficiente para condenar. Tampoco las huellas dactilares, ni el ADN recogidos en el escenario del crimen coincidían con los suyos. En 2012 su recurso fue desestimado, pero en 4 de febrero de 2016 los esfuerzos de la defensa de Ibar dieron sus primeros frutos.

El Tribunal Supremo de Florida decidió, por 4 votos a 3 y después de varias apelaciones, anular la declaración de culpabilidad de Ibar al considerar que no se benefició de una defensa letrada eficaz y que fue condenado a muerte con pruebas “escasas” y “débiles”, lo que implicaba la suspensión de la condena a muerte. En el mes de junio de ese mismo año, Pablo salió del corredor de la muerte para ingresar en una prisión común a la espera de la repetición del juicio que se celebrará contra él el próximo 5 de marzo de 2018 y que, según su defensa, se prolongará durante 6 meses.

El Estado de Florida anunciaba su intención de volver a solicitar la pena de muerte en la repetición del juicio. Y es que la fiscalía declaraba haber hallado nuevos restos de ADN del español en la escena del crimen.  Sin embargo, desde la Asociación Pablo Ibar  aseguraban que se trata de una prueba “muy débil” y nada concluyente, puesto que  el ADN ha sido encontrado en una camiseta que lleva más de 22 años en el mismo laboratorio en el que se ha analizado en numerosas ocasiones la ropa de Pablo.

El caso de Pablo Ibar está de plena actualidad puesto que la asociación que lleva su nombre ha lanzado estos días una nueva campaña de crowfunding para recaudar los 350.000 euros que faltan para completar el presupuesto de más de 1.100.000 euros (ya han conseguido el 60%) fijado para garantizar su defensa.

Compromiso de todos

Tanto en el caso de Joaquín José, como en el de Pablo Ibar, las autoridades y la sociedad se han posicionado en contra de la pena capital. Así lo demuestran las distintas encuestas realizadas en los últimos años por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

No solo eso, sino que el rechazo de nuestra sociedad por la pena capital viene de lejos. Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de 1975. Con la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución, la pena máxima fue abolida, excepto del Código Penal Militar, que la contemplaba para casos puntuales en tiempos de guerra. En 1995, incluso estas excepciones desaparecieron con la aprobación unánime de la Ley Orgánica 11/1995, que convirtió la abolición en absoluta.

En 2012 España ya había mostrado su posición, sumándose a la iniciativa por la que 83 países celebraron la IX Jornada Mundial ‘Ciudades por la Vida’.  En nuestro país participaron 30 ciudades, iluminándose para la ocasión edificios como el Congreso de los Diputados en Madrid, o los ayuntamientos de Burgos, Vitoria, Granada, Logroño o Santander, así como lugares representativos de BarcelonaOviedo, Málaga, Salamanca o Badajoz.

Nuestro país dio un paso más en contra de la pena de muerte en 2009. Entonces ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

España, sede de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte

El compromiso de España con la abolición de la pena de muerte se ha reflejado igualmente en el impulso a importantes iniciativas internacionales, como la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), en octubre de 2010, cuya secretaría tiene su sede actual en Madrid.

El pasado día 2 de octubre, una delegación del CIPM fue recibida por el ​secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, quien transmitió el firme apoyo de nuestro país a la labor de la Comisión: “con el respaldo político, logístico y financiero que España ha prestado a la CIPM desde su creación, España busca ayudar a la importante labor de una institución que tiene como objetivo uno de los principios que rigen la política exterior española en materia de derechos humanos: la abolición de la pena de muerte”.

Este encuentro se enmarca en los actos desarrollados en la capital de España durante la reunión anual de la Comisión, una cita donde hasta entonces su presidente, el español Federico Mayor Zaragoza anunció su jubilación. Ahora le sigue en el cargo Navi Pillay, vicepresidenta de la Comisión y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.